Apelan extinción del proceso contra Francisco Garduño y acusan “fraude procesal”

Por Abraham Rubio / YoCiudadano

Ciudad de México.– Organizaciones de la sociedad civil que acompañan a sobrevivientes y familias de fallecidos en el incendio del 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez interpusieron un recurso de apelación contra la resolución del pasado 13 de octubre que declaró extinta la acción penal contra Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM).

La impugnación fue interpuesta por el 21 de octubre por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y la Clínica Jurídica Alaíde Foppa para Personas Refugiadas, que en conjunto representan a 10 sobrevivientes y a 10 núcleos familiares de personas que murieron en el incendio, en el que fallecieron 40 hombres migrantes y 27 resultaron lesionados.

“El proceso penal de Francisco Garduño, la causa penal 237/2023, no está concluido de manera definitiva”, afirmó el abogado Marcos Zavala, quien explicó que la causa conserva varios juicios de amparo pendientes de resolución, algunos de ellos con suspensión definitiva que impedían que el proceso avanzara o se extinguiera.

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Las organizaciones recordaron que el 24 de enero de 2025 el juez Víctor Manlio Hernández Calderón concedió a Garduño Yáñez la suspensión condicional del proceso, un plazo de 18 meses para que cumpliera con ocho acciones o condiciones, entre ellas la supervisión de estancias migratorias, la reparación del daño a las víctimas y una disculpa pública.

Argumentaron que las condiciones impuestas al excomisionado no se cumplieron. La abogada Gabriela Romero explicó que el fideicomiso para las reparaciones no se creó expresamente, sino que se utilizó uno existente desde 2012, y que las víctimas no han recibido la atención médica prevista en el convenio con el IMSS.

También, las organizaciones rechazaron la disculpa pública y sostuvieron que solo se verificaron cinco de las 25 estaciones migratorias.

“El Código Nacional de Procedimientos Penales no habla de un cumplimiento parcial; habla de cumplir o no cumplir”, afirmó el abogado Miguel Centeno, quien agregó que lo presentado como cumplimiento fue realizado por el Estado mediante la recomendación de la CNDH y no por el imputado, Francisco Garduño Yáñez.

La directora de DHIA, Blanca Navarrete, recordó que la suspensión condicional del proceso fue posible porque la Fiscalía General de la República le imputó únicamente el delito de ejercicio ilícito del servicio público, mientras que a otros servidores del INM se les acusó de homicidio y lesiones.

“La impunidad y la justicia selectiva que favoreció a Francisco Garduño son la prueba de que la justicia está sujeta a intereses y favores políticos”, señaló Navarrete, quien vinculó la resolución con el nombramiento del excomisionado en la Secretaría de Educación Pública.

Por otra parte, Zavala detalló que de los 11 imputados en el caso, solo Garduño y Antonio Molina Díaz, exdirector general de Control y Verificación Migratoria, fueron vinculados a proceso por ejercicio ilícito del servicio público. “Por eso decimos que hay un fraude procesal”, dijo.

Además, que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no individualizó ni representó efectivamente a las víctimas, muchas de ellas residentes en El Salvador, Guatemala, Honduras, Venezuela y Colombia, y que no se garantizó intérprete a sobrevivientes hablantes de quiché.

Zavala indicó que las organizaciones han promovido 13 juicios de amparo relacionados con la causa penal 237/2023 y que, una vez agotados los recursos internos, acudirán al sistema interamericano. “Por graves violaciones a derechos humanos, el sistema jurídico no garantiza acceso a la verdad, a la justicia y mucho menos a la reparación”, concluyó.

El abogado también cuestionó la celeridad con que se resolvió el beneficio en favor del excomisionado y señaló que la postura de la Fiscalía General de la República se ha mantenido a pesar de los cambios en su titularidad.